La población joven sigue siendo presa de los grupos delictivos del país, pero en nuevas modalidades. Tanto la FGR como la UIF han detectado la compra masiva de bitcoins, mediante cientos de cuentas personales de terceros, que habrían sido utilizadas para lavar dinero ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya los identificó y hasta bautizó: “ciberburreros”. Se trata de personas, principalmente jóvenes, que prestan su identidad al crimen organizado para la compra de criptomonedas que se usan en la adquisición de drogas, armas o cualquier insumo que requiera el cartel o grupo delictivo para el que estén trabajando.
De acuerdo con datos de la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un modus operandi que han utilizado ya por algún tiempo y ahora que lo han detectado sin lugar a dudas, tiene todas las alarmas encima.
Esta nueva manera de delinquir funciona así: se emplea a varias personas que ingresan a la red para comprar criptomonedas y, una vez que estas están en sus carteras digitales, los integrantes del crimen organizado indican qué deben hacer con ellas.
Se trata, en efecto, de una compra masiva de criptomonedas que, sin embargo, al atomizarse mediante cientos de usuarios, ha podido pasar desapercibida hasta cierto punto.
De acuerdo con datos de la FGR y la UIF, organismos que detectaron esta práctica, principalmente se utiliza Bitsoup, que es una plataforma que permite monitorear en tiempo real el precio de varias bitcoin.
Así, ahora grupos delictivos cambiaron la dinámica con la que captaban a las poblaciones jóvenes. En lugar de contratarlos para transportar sustancias ilícitas a través del desierto, buscan en otros lugares para encontrar perfiles que puedan mover su dinero mediante nuevas tecnologías que, hasta ahora, ofrecían cierta opacidad y pasaban bajo los radares de instituciones gubernamentales.
De acuerdo con la FGR y la UIF, estos grupos buscan bancarizar sus recursos para darles cierta legalidad a los fondos que utilizan para su operación: ya sea el manejo de sus mercancías, el pago a sus trabajadores o la adquisición de armamento.
La persecución de estas nuevas formas de delinquir, aceptaron, resulta complicada por dos razones: las lagunas legales al respecto y la falta de comprensión, hablando de manera general, sobre la manera en que funcionan las criptomonedas. Lo anterior hace que el rastreo de los “ciberburreros” se dificulte y, como resultado, se da margen de operación a grupos del crimen organizado.
Según la UIF, recientemente se detectaron operaciones financieras virtuales realizadas de manera masiva que, se presupone, eran ilegales. Como resultado de esto se procedió a la denuncia de mil 770 cuentas de personas físicas y 167 morales que podrían ser de “ciberburreros”. Además, se bloquearon mil 939 cuentas bancarias que se habrían utilizado para el lavado de dinero.